Mucho me temo que el Ayuntamiento de Sagunto incumplirá el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y que entrará en vigor el 3 de diciembre de 2017.
Artículo 1. Objeto de esta ley.
Esta ley tiene por objeto:
a) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de
trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de
ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de
la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la
comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de
discriminación, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución
Española y a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
b) Establecer el régimen de infracciones y sanciones que
garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
A partir del día 4 de diciembre próximo, si el Ayuntamiento no ha
eliminado las barreras arquitectónicas se expondrá a sanciones. A partir de ese
día la ciudadanía podrá denunciar las irregularidades.
En Sagunto no existe ordenanza sobre accesibilidad; tenemos
barrios donde no puede transitar un peatón por la acera; si quieres ir con una
silla de ruedas, llevar una silla de bebe o el carro de la compra tienes que
utilizar la calzada, compartiéndola con los coches; tenemos auditorios donde, si
quieres entrar, lo tienes que hacer por la puerta de atrás, donde los barrios
históricos gozan de una accesibilidad infame.
Un ejemplo para hacernos una idea de la sensibilización del Ayuntamiento en las cuestiones de accesibilidad la encontramos en los
presupuestos para 2017. En estos se destina a accesibilidad 50.000 € y el que
destina a pavimentar las vías públicas para que no se hagan daño las ruedas de
los coches 1.310.000.
Si todavía el Ayuntamiento no se ha mojado en priorizar el
tránsito de peatones frente al tráfico rodado, no sería de extrañar que pudiera pasar por el mal trago de sufrir las denuncias de la
ciudadanía y tener un sobrecoste importante.
