En España hay más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva reconocida oficialmente, aunque se calcula que 3 millones más tienen alguna dificultad para escuchar. 1/3 de la población mayor de 65 años tiene pérdida auditiva discapacitante, y 1 de cada 10 españoles está en riesgo de pérdida auditiva debido a los malos hábitos. Se trata de un colectivo invisible, frecuentemente olvidado en los proyectos de accesibilidad.
Que la ciudadanía con pérdida auditiva tenga una forma cómoda y segura de desplazarse es parte de los derechos que tenemos. La administración pública tienen la responsabilidad de apostar por la accesibilidad como herramienta de desarrollo humano y de innovación social, más allá del cumplimiento legislativo de la Ley 51/2003, 2 de diciembre, y R.D. 1/2013, de 29 de noviembre, que establece las medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución.
La cuestión es que no se sabe como se alerta a las personas con discapacidad auditiva cuando se produce una alarma de incendios y hay que evacuar el edificio del ayuntamiento, un museo o una biblioteca. Tampoco tenemos atención a este sector de las personas con perdida auditiva a distancia, en tiempo real. Ni por supuesto se disponen de bucle magnético para la mejora de la comunicación en tiempo real. La accesibilidad en situaciones de riesgo incrementa la seguridad de todos.
Fuente: Estudio sobre el estado de la audición, Organización Mundial de la Salud (OMS).
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